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Mas de 1.600 entidades públicas no cumplieron con la Ley de cuotas, según la Procuraduría

Procuraduría General de la Nación. FOTO: COLPRENSA

La Procuraduría General de la Nación (PNG) revisó las cifras de un informe del 2020 de Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y pudo determinar que 138 entidades nacionales y 1.490 de nivel territorial (para un total de 1.628), no cumplieron con la ley de cuotas, la cual ordena que por lo menos tener un 35% de mujeres en cargos directivos para ese año.

La PNG afirmó que con esta ley -y con lo agregado en el decreto de 455 de 2020- las entidades debían contar con por lo menos con un 45 por ciento de cuota femenina en las entidades públicas para el 2021.

Por lo anterior, se emitió, por parte de la Delegación Preventiva de la Función Pública, a los operadores disciplinarios de 86 procuradurías regionales los resultados de incumplimiento de las 1.628 entidades.

¿En qué consiste la ley de cuotas?

La ley de cuotas en una medida de orden nación en las entidades públicas que busca generar un equilibrio en la cantidad de hombres y mujeres en cargos directivos, por lo cual fija un mínimo de representación femenina.

Para el Observatorio para la Igualdad de Género de la ONU, Colombia tiene en registro 2 leyes que pretenden garantizar la participación no solo en entidades públicas, sino en política, sin discriminación del género.

Las primera ley que contemplan este mínimo de igualdad es la Ley 581 del 31 de mayo de 2000, que habla de un porcentaje de género para altos cargos, los cuales podrán tomar decisiones sobre bienes y políticas públicas.

La segunda ley es el artículo 4 de la Ley Estatutaria 1475 que garantiza la equidad entre hombres y mujeres, o con distintas preferencias sexuales, la cual salvaguarda el derecho de participar en actividades políticas, como dirigir partidos, acceder a los debates electorales, obtener representación.

Casos sonados de la ley de cuotas

Uno de los casos más sonados, por ser en la cúpula principal de Gobierno Nacional, es la del ministro de Defensa, Diego Molano, y su incorporación a la cartera después de la muerte de Carlos Holmes Trujillo por COVID-19, ya que con la elección de exconcejal de Bogotá se estaba violando la cuota que exigía tener el 30% de los ministerio dirigidos por mujeres.

La demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue interpuesta por Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y la Red Nacional de Mujeres el pasado mes febrero de 2021.

En ese momento se pedía la anulación de los nombramientos no solo de Molano, sino de Daniel Palacios, ministro del Interior; Felipe Buitrago, entonces ministro de Cultura; y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El presidente de Colombia, Iván Duque, en su momento, señaló que no violó la ley de cuotas: “No hay ningún tipo de alteración de la ley de cuotas; todo lo contrario, tenemos esa representación, que si usted le incorpora también la presencia de la vicepresidenta que es canciller Marta Lucía Ramírez y que como vicepresidenta hace parte del Consejo de Ministros”.

“Desconoció lo dispuesto en los artículos 1, 2, y 4 de la Ley 581 de 2000, al no contar en su gabinete ministerial, con la participación de al menos, el 30 % de mujeres”, dice la decisión del 20 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El caso pasó a manos del Consejo de Estado que tendrá la decisión de aceptar o rechazar el fallo dado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anula el nombramiento de Molano como ministro de Defensa.

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